La Comunidad de Madrid demanda un nuevo sistema de financiación autonómica y se opone a la quita de deuda

La Consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha solicitado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar dos temas fundamentales: los datos macroeconómicos necesarios para la elaboración del presupuesto y la implementación de un nuevo sistema de financiación autonómica.

En este contexto, el gobierno regional de la Comunidad de Madrid ha presentado objeciones al anteproyecto de ley del «cupo catalán», que conllevaría que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros, de los cuales 8.644 millones corresponderían a la Comunidad de Madrid.

Albert ha expresado su preocupación por el impacto que este anteproyecto tendría en el objetivo de volver a los mercados financieros, señalando que aumentar los recursos a las regiones más endeudadas dificultaría dicho retorno.

Además, la Consejera ha enfatizado la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica que sea moderno, transparente y equitativo, evitando los desequilibrios actuales que sitúan a Madrid, como una de las mayores contribuyentes, entre las regiones que menos recursos reciben por habitante.

En otro orden de ideas, se ha destacado la iniciativa de crear distritos industriales en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de impulsar la especialización territorial y atraer inversiones que fomenten un crecimiento económico competitivo. Estos distritos ofrecerán asesoramiento para la inversión, simplificación de trámites y apoyo a la creación de negocios.

En el ámbito formativo, se implementarán planes de formación adaptados a las necesidades de las empresas de cada zona, con el fin de atraer el talento necesario para sectores estratégicos y mejorar la empleabilidad y competitividad local.

En resumen, la agenda de la Consejera Rocío Albert incluye la búsqueda de un sistema de financiación autonómica más justo, la creación de distritos industriales para impulsar la economía regional y la implementación de programas formativos para fortalecer el capital humano en sectores clave. Todo ello enmarcado en el objetivo de alcanzar el pleno empleo en la legislatura, situado entre el 5% y el 6% de desempleo.

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