La Comunidad de Madrid se opone a la Ley de Integridad Pública por fomentar la corrupción.

La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles la presentación de alegaciones contra el anteproyecto de Ley orgánica de Integridad Pública, argumentando que este representa «un salvoconducto para que la corrupción siga campando a sus anchas» tanto en el Gobierno de Pedro Sánchez como en el PSOE.

Según el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, esta normativa consagraría prácticas opacas, fraudulentas y corruptas realizadas por el Gobierno y el partido socialista. Martín denunció que la norma propuesta sustituiría la escritura pública ante notario que refleja la estructura societaria de una empresa por un documento privado electrónico, lo que comprometería la labor de las notarías como barrera frente al blanqueo de capitales, la corrupción y el fraude.

Además, la Comunidad de Madrid considera que esta ley aumentaría las cargas burocráticas de empresas y administraciones, y cuestiona la creación de una agencia independiente de integridad pública, argumentando que podría convertirse en un «apéndice» del Gobierno y estar sujeta a influencias políticas.

En un contexto de corrupción generalizada, García Martín afirmó que nada de lo que hace el Gobierno «es casual», y agregó que en la visión de país que contempla Pedro Sánchez, «le sobran todos y cada uno de los controles».

Esta postura de la Comunidad de Madrid se suma a la preocupación expresada por Isabel Díaz Ayuso de cara a las elecciones, donde ha afirmado que Sánchez «ha decidido que va a hacer lo que haga falta para mantenerse».

En resumen, la oposición de la Comunidad de Madrid al anteproyecto de Ley orgánica de Integridad Pública se fundamenta en la percepción de que esta normativa no combatiría eficazmente la corrupción, sino que podría facilitarla, generando un ambiente de impunidad y falta de transparencia en la gestión pública y política.

FUENTE